Proyecto de Ley 61

Propuesto por petición de iniciativa para ser votado en la Elección General del 4 de noviembre de 2008.

Título de la Elección

Crea sentencias de cárcel mínimas obligatorias para ciertos delitos de robo, robo de identidad, falsificación, drogas y allanamiento

Resultado de votar "sí"

Votar "sí" crea sentencias de cárcel mínimas obligatorias para ciertos delitos, incluyendo allanamiento, falsificación, robo, fabricación y/o entrega de metanfetamina, heroína, cocaína o metilenedioximetanfetamina, bajo circunstancias específicas.

Resultado de votar "no"

Votar "no" mantiene la ley actual, la cual no requiere que las personas condenadas por delitos especificados en el proyecto de ley sirvan sentencias de cárcel mínimas obligatorias.

Resumen

El proyecto de ley crea sentencias de cárcel mínimas obligatorias para delitos especificados para los cuales la ley actual no requiere mínimos obligatorios. Requiere de un mínimo de 36 meses para robo de identidad, allanamiento en el primer grado, y delito grave Clase A por fabricación y/o entrega de metanfetamina, heroína, cocaína o metilenedioximetanfetamina; un mínimo de 30 meses por delito grave Clase B por fabricación y/o entrega de las mismas sustancias controladas especificadas. Para delincuentes con una o más condenas anteriores por delitos graves, o dos o más condenas anteriores por delitos menores, el proyecto de ley requiere un mínimo de 18 meses por falsificación en el primer grado, robo de vehículo motor; un mínimo de 14 meses por robo en el primer grado, allanamiento en el segundo grado. Prohíbe las reducciones de sentencias requeridas por el proyecto de ley. Las sentencias deben ser cumplidas en cárceles estatales, no en cárceles del condado. El estado debe reembolsar a los condados por los costos de encarcelamiento antes del juicio de personas sentenciadas bajo el proyecto de ley. Otras estipulaciones.

Pronóstico del impacto económico

El proyecto de ley requerirá de gasto estatal adicional de $8 millones a $10 millones el primer año, de $67 millones a $88 millones en el segundo año, de $122 millones a $178 millones en el tercer año, de $164 millones a $247 millones en el cuarto año y, de $161 millones a $274 millones en cada año subsiguiente. El proyecto de ley no requiere de gasto adicional del gobierno local.

El proyecto de ley requerirá que el estado pida prestado entre $1.1 mil millones y $1.3 mil millones para construir cárceles nuevas entre 2010 y 2017. El estado repagará dichas cantidades más intereses de $709 millones a $844 millones a lo largo de 25 años.

El proyecto de ley requiere pagos estatales al gobierno local de $2 millones a $5 millones en el primer año y de $10 millones a $19 millones cada año subsiguiente.

El proyecto de ley no afecta la cantidad de fondos recolectados para el gobierno estatal.


Explicación del Pronóstico del Impacto Económico

El proyecto de ley

El proyecto de ley establece sentencias mínimas nuevas para ciertos delitos de drogas y propiedad. El proyecto de ley también ordena al estado a pagarle a los gobiernos locales por el costo de mantener a los demandados en la cárcel hasta que sean condenados.

Impacto estatal

Los costos del proyecto de ley son causados por mantener a más delincuentes en la cárcel por periodos de tiempo más largos. Dichos costos incluyen: la administración de cárceles, brindar camas de cárcel temporales, supervisión de delincuentes después de que sean puestos en libertad, y construcción de más cárceles. Otros costos incluyen: brindar cuidado temporal para algunos menores cuyos padres sean condenados de los delitos del proyecto de ley, proporcionar abogados para los demandados que no puedan costear el consejo legal, y defender al estado contra demandas de prisioneros.

El proyecto de ley costará entre $8 millones y $10 millones en el primer año, y aumentaría a entre $161 millones y $274 millones por año después del cuarto año.

El estado tomará prestados de $1.1 mil millones a $1.3 mil millones de 2010 a 2017 para construir cárceles nuevas. El estado repagará dichas cantidades más intereses de $709 millones a $844 millones a lo largo de 25 años.

Impacto local

El proyecto de ley no requiere de gasto adicional de parte del gobierno local.

El proyecto de ley requiere que el estado le pague a los condados por el costo de mantener a aquellos acusados de los delitos del proyecto de ley en cárceles del condado antes de que sean condenados. Actualmente el estado no paga este costo. El estado reembolsará a los condados por el costo de mantener a prisioneros de $2 millones a $5 millones en el primer año y de $10 millones a $19 millones cada año subsiguiente.

Implementación del proyecto de ley

La población actual de cárceles es de alrededor de 13,600. Cuando el proyecto de ley esté completamente implementado, podría añadir entre 4,100 y 6,300 prisioneros a la población de cárceles, dependiendo en el número de personas condenadas de delitos bajo este proyecto de ley. El costo total del proyecto de ley podría cambiar dependiendo de la duración de tiempo para construir cárceles nuevas, de la inflación, y del costo de contratar y capacitar a personal de cárcel nuevo.

El proyecto de ley no identifica una fuente de financiamiento. En el presente los costos de prisiones son pagados por el Fondo General, el cual proviene de impuestos sobre los ingresos. El Fondo General también es utilizado para pagar la educación pública, servicios para ciudadanos vulnerables, seguridad pública y otros programas.

Miembros del Comité:

Secretario de Estado Bill Bradbury
Tesorero de Estado Randall Edwards
Scott Harra, Director, Director de Servicios Administrativos
Elizabeth Harchenko, Directora, Departamento de Ingresos
Debra Guzman, Representante del Gobierno Local

(El pronóstico del impacto económico y la explicación fueron brindados por el comité antes mencionado de acuerdo con ORS 250.127).


Declaración Explicatoria

El Proyecto de Ley 61 establece sentencias mínimas obligatorias para ciertos delitos de drogas y propiedad y robo de identidad. Este proyecto de ley también establece un delito grave nuevo de robo de vehículo motor. Cuando una persona es sentenciada bajo este proyecto de ley, la persona debe cumplir la sentencia completa y no se le puede reducir la sentencia por ninguna razón.

Este proyecto de ley también requiere que:

Este proyecto de ley requiere que las personas condenadas de los delitos siguientes cumplan al menos las sentencias a continuación:

Este proyecto de ley requiere que las personas con condenas anteriores de delitos graves o dos condenas anteriores de delitos menores quienes sean condenadas de los delitos siguientes deben cumplir al menos las sentencias a continuación:

Comparación de Sentencias
Delito Rango de Pautas de Sentencia Actual Dependiendo de los Hechos del Caso y Antecedentes Penales Sentencia Mínima Obligatoria del Proyecto de Ley 61 que el Juez Debe Imponer
Fabricación o tráfico de heroína o éxtasis; fabricación o tráfico de metanfetamina o cocaína dentro de 1,000 pies de una escuela; o tráfico de metanfetamina o cocaína a un menor Libertad condicional a 45 meses* 36 meses
Fabricación o tráfico de metanfetamina o cocaína en cualquier otra circunstancia Libertad condicional a 45 meses* 30 meses
Robo de identidad Libertad condicional a 30 meses* 36 meses
Allanamiento en el primer grado Libertad condicional a 36 meses* 36 meses
Falsificación en el primer grado cuando la persona tiene antecedentes penales serios Libertad condicional a 30 meses* 18 meses
Robo de vehículo motor, cuando la persona tiene antecedentes penales serios Delito nuevo: no hay sentencia actual. Bajo la ley actual por lo general los fiscales demandan bajo el Uso No Autorizado de un Vehículo Motor con una Pauta de Sentencia de libertad condicional a 30 meses* 18 meses
Robo en el primer grado cuando la persona tiene antecedentes penales serios Libertad condicional a 30 meses* 14 meses
Allanamiento en el segundo grado de un edificio no residencial cuando la persona tiene antecedentes penales serios Libertad condicional a 30 meses* 14 meses

*Estas sentencias pueden ser reducidas por hasta el 20% por "tiempo ganado" y un 20% adicional por completar exitosamente Programas de Encarcelamiento Alternativo.

Bajo el Proyecto de Ley 61 "antecedentes penales serios" significa que la persona tiene al menos una condena anterior de un delito grave o al menos dos condenas anteriores de delitos menores.

Miembros del Comité: Nombrados por:
Steve Doell Peticionarios Principales
Kevin Mannix Peticionarios Principales
Mary Botkin Secretaria de Estado
Dave Rogers Secretario de Estado
Dale Penn Miembros del Comité

(Este comité fue nombrado para brindar una explicación imparcial al proyecto de ley de acuerdo con ORS 251.215).